lunes, 27 de enero de 2014

La pobreza energética afecta cada vez a más familias

Con la subida de la luz y el gas, cada vez más personas tienen problemas para poder calentar sus viviendas con garantía



El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro.

Este incremento de precios está afectando a muchas familias de Yecla y Servicios Sociales anda desbordado por el gravísimo problema que supone para muchos yeclanos no poder hacer frente a los a los altos precios para calentar sus viviendas en condiciones. La partida destinada a ayudar en el pago de la luz y el gas ascendieron en 2012 a casi 13.000 euros. Todo esto sin contar con los numerosos impagos que se dan en las calefacciones comunitarias. Todos somos conscientes de las bajas temperaturas que se alcanzan en nuestra ciudad y de los recursos que las familias tienen que utilizar para combatirlas.

Pero España carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero además de ser insuficientes, a menudo provocan que quien más los necesite se quede fuera.

De hecho, la pobreza energética es responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales, frente, por ejemplo, a las menos de 1.500 que provocan los accidentes de tráfico. Sin embargo, las primeras parecen no importar a este Gobierno ni al anterior. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema “heat or eat” -calefacción o comer-, afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera  mortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico.

Además,  hoy tenemos que recordar que la teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.

Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío a consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de su familia.

Por todo esto, proponemos que el pleno del Ayuntamiento exija al Gobierno que apruebe una ley de medidas para prevenir la pobreza energética, que regule el sistema de suministros básicos del hogar, que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente. Asimismo, el Estado debería ser quien garantizara que las tarifas no fueran fruto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Por último, el Estado debería garantizar la creación de un bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias.

A su vez, con esta proposición instamos al Ayuntamiento a elaborar un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.

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