martes, 17 de diciembre de 2013

Protesta frente al Senado contra la Ley de Ayuntamientos

José Miguel Castillo Mora, coordinador de IU-Yecla participó en esta protesta contra una ley que acabará con las competencias de las administraciones locales



Hoy martes, el Senado ha aprobado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública gracias a los votos de PP y PNV. Ayer lunes, día en que se debatió el tema aunque se pospuso la votación, Izquierda Unida convocó una concentración junto a alcaldes y concejales de multitud de municipios para protestar por esta normativa que va a acabar con gran parte de la independencia de los ayuntamientos de nuestro país. José Miguel Castillo Mora, coordinador de IU en Yecla, estuvo en esta protesta porque “no hay que enfrentarse a una ley que va a cercenar la independencia de cientos de ayuntamientos”. 

Esta norma, como ya denunciamos en IU-Verdes de Yecla, implicará la pérdida de competencias de muchos municipios. Presentado como un proyecto legislativo que busca la sostenibilidad y modernización de los ayuntamientos, puede llegar a desmantelar 3.200 entidades municipales menores y más de 1.000 mancomunidades. La ley abre la puerta a privatizar servicios básicos que hasta ahora venían prestando los ayuntamientos. Y es que en los casos de los servicios sociales municipales de pequeños municipios que sean deficitarios, su gestión pasará a las diputaciones, que decidirán si los asumen u optan por privatizarlos.

Izquierda Unida y CCOO, que ayer organizaron esta protesta frente al Senado en Madrid, han recordado que la deuda de los ayuntamientos supone tan solo el 5% del déficit público global, mientras que la reforma los “criminaliza” quitándoles competencias cuando no cuadren sus cuentas. La atención a domicilio, por ejemplo, que se presta a las personas dependientes, la atención a la violencia de género y las escuelas de adultos e infantiles serán algunos de los servicios susceptibles de pasar a manos de las diputaciones.


La práctica totalidad de la oposición pidió su retirada durante el trámite parlamentario en el Congreso, aduciendo que se trata de una herramienta para privatizar servicios básicos y vaciar de competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes –el 87% de los que hay en España– que no cumplan con los parámetros de la Ley de Sostenibilidad. La reforma fija un plazo de un año para que los ayuntamientos evalúen los servicios que presta y los ajusten a los principios de sostenibilidad que fija el Ejecutivo. Esta nefasta y tan poco publicitada estará publicada en el BOE antes de fin de año.  


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